La concreción del fideicomiso austral, junto con la ley de industria, la creación de la universidad de Tierra del Fuego y el establecimiento de los límites definitivos de Tierra del Fuego, son las políticas de mediano y largo plazo más importantes que se han logrado en los últimos veinte años.
El Fideicomiso Austral consiste, sintéticamente, en una inversión en obras de infraestructura básica para Tierra del Fuego, por diez años –prorrogables por un plazo igual-. De esas obras, algunas resultan estratégicas, otras eternamente postergadas. Todas, en general, implican un cambio en el nivel de vida de nuestro pueblo, y adelantarse a problemas que, de no actuar a tiempo, traerán aparejados niveles de complejidad social y conflictividad que aún no hemos advertido.
Las fuentes financieras para hacer frente a estas obras provienen de una parte de las regalías hidrocarburíferas off shore, o costa afuera; esto es de yacimientos o explotaciones que se encuentran actualmente fuera de los límites de Tierra del Fuego.
En otras palabras, de las fuentes financieras, en verdad, a la provincia no le corresponde nada. Es decir, de no aprobar el acuerdo, seguirá todo como está. De ahí que el Fiscal de Estado indica que la no aprobación genera diariamente perjuicios para Tierra del Fuego. ¿Cuánto? Más de 10 millones por mes, más, aproximadamente, 140 millones por el solo acto de no aprobarlo. Redondeando, la profundidad de los interrogantes legislativos le habrá deparado un perjuicio para la provincia, por este año, de aproximadamente 240 millones de pesos.
La secuencia de consensos en la negociación, aprobación y concreción del fideicomiso austral.
El Convenio que origina el Fideicomiso Austal data de casi una década. A finales del año 2001, durante el Gobierno Nacional de De la Rúa y el gobierno provincial encabezado por Manfredotti se logra suscribir el Convenio, sobre un acuerdo básico: invertir en obras de infraestructura necesarias para Tierra del Fuego.
Comenzaba así la secuencia del consenso. Dos gobiernos de signos partidarios distintos coincidían en una política de inversión en infraestructura que podría tener impacto favorable para Tierra del Fuego.
Dicho acuerdo, como sucede con todos los convenios, fue girado a la Legislatura de la Provincia a los efectos de que se lo “apruebe o deseche”, como indica la Constitución Provincial (cfme. Art. 105, inciso 7º). Unos minutos le bastaron a Manfredotti para lograr los “consensos” básicos. El Asunto tuvo estado parlamentario en la sesión ordinaria del 14 de marzo de 2002. El 14 de marzo de 2002, unos minutos después, salía con fritas.
Aprobado el convenio, debía pasarse entonces a la concreción de lo acordado. El radicalismo no pudo cumplir su compromiso. Después de asesinar a más de 30 personas en todo el país, un viaje en helicóptero fue la idea más trascendente que pasó por la mente del entonces administrador radical.
Desde Tierra del Fuego, no obstante que en muchas campañas se han mostrado las virtudes de aquellos que tanto han “gestionado” para nuestra Provincia, nada se hizo. Jamás pudo lograrse que se concretara aquél acuerdo.
Fue justamente con un gobierno provincial de signo distinto, el actual, y por la inestimable acción de los Senadores José C. Martínez y María Rosa Díaz que se logra concretar, casi diez años después, esa importante política de inversión en infraestructura por veinte años.
Para entonces, habían pasado gobiernos radicales (de la Rua ), peronistas (Duhalde, Kichner), radicales-peronistas (Colazo-Cócaro), peronistas-radicales (Cristina Fernández-Julio Cobos) y del ARI (Ríos). Todos coincidieron que era importante avanzar en lo acordado.
En Abril de este año, en un gesto político innegable, la propia Presidente de la Nación viaja a Ushuaia para ser testigo de la firma del acuerdo, que rubrican el Ministro de Planificación y la Gobernadora , con el aplauso a rabiar de peronistas, radicales, mopofistas, etc. Luego de ello, quedaba la aprobación en el parlamento fueguino de ese acuerdo por parte de los legisladores que en su mayoría se encontraban en ese momento aplaudiendo y, finalmente, luego de ello, la aprobación final por la Presidente , que como gesto –insisto- vino personalmente al acto.
El largo y tortuoso camino legislativo
Tomado estado parlamentario, el convenio fue girado a comisiones. Desde las comisiones se fueron agregando argumentaciones a medida que se cumplimentaban los requerimientos. Primero se señaló que faltaban documentaciones. Se dieron cuenta que los papeles estaban, hacía ya casi una década, en la propia legislatura. Desempolvados éstos, entonces se esgrimió que sería interesante la opinión de los organismos de control. Concurrieron entonces el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. Ambos indicaron que no existían objeciones y que, por el contrario, el diferimiento temporal de la aprobación carecía de justificación. Entonces se esgrimió que faltaba un proyecto. Se presentó el proyecto, y entonces se señaló que estaba mal redactado y no era suficiente. Por ello debía remitírselo a la Fiscalía de Estado, a los efectos de que opine sobre el asunto. El Fiscal de Estado dijo que era suficiente, y agregó que cada día que pasa sin la aprobación se causa un perjuicio a Tierra del Fuego.
En la última sesión legislativa el Mopof dio una elegante negativa al Convenio. No dijo que no lo aprueba, sino que solo lo aprueba bajo determinadas condiciones. Las que intenta imponer modifican el contenido del convenio, por lo que entonces, lo que efectivamente se propone es el rechazo, para poder negociar nuevamente.
Entre las condiciones que exige modificar se encuentra la de rechazar la exención impositiva –ingresos brutos y sellos- que se pide que se establezca a quienes resulten adjudicatarios de las obras a iniciarse como consecuencia del acuerdo. Aunque parezca increíble, lo que rechazan que se exima, en algunos casos ya se halla eximido. Por lo que para cumplir tendríamos que hacer una ley impositiva exclusivamente para aquellos que intenten invertir en el marco del convenio. Una especie de resistencia impositiva a la realización de obras de infraestructura. Impresionante.
En definitiva, en el trámite parlamentario del asunto queda en claro que lo que aparentemente fueron excusas para diferir temporalmente la aprobación, fueron realmente nada más que excusas. Y cuando ya no queda ninguna por dar, entonces dicen que confusamente que si pero no. Que es decir que no, pero intentando evitar tener costos políticos por tan dañina decisión política.
Más, al menos, el bloque legislativo del Mopof se ha expresado. No lo aprueba.
Queda entonces todo en manos del bloque del Frente Autonomista para la Victoria de Tierra del Fuego, que también debería darse cuenta que es oficialismo, si se pusiera en la vereda de la Presidenta. Ella Victoria de Tierra del Fuego ha llevado en sus plataformas y propuestas la concreción del Fideicomiso Austral, la mesa “Kichner Presidente” plantea la concreción del Fideicomiso Austral como uno de los logros de la gestión nacional relevantes para que tengan en cuenta los vecinos de nuestra Provincia al momento de merituar su voto. Y, entonces, ¿Por qué no lo aprueban?, ¿De que depende la aprobación?.
